Turquía estudia pagar por las propiedades incautadas a los no musulmanes

Tras un siglo de incautaciones de propiedades de las minorías armenias, griegas y judías, el Gobierno turco estudia ahora pagarlos.

Tras un siglo de incautaciones de propiedades de las minorías armenias, griegas y judías, el Gobierno turco estudia ahora pagarlos.

Los esfuerzos de Turquía para restaurar los derechos descuidados de las minorías, podrían tomar un giro hito ya que el gobierno se prepara para allanar el camino para el pago de compensaciones por las propiedades incautadas, informa Daily Sabah.

Las propiedades que una vez pertenecieron a las fundaciones religiosas armenia, griega y judías, fueron incautadas en el marco de las políticas de Estado de confiscación en 1936, pasadas al tesoro Nacional y luego vendidas o cedidas a terceros.

Se espera que el gobierno de Turquía imponga regulaciones de compensación dentro de los seis meses, permitiendo a las minorías recibir el pago por las propiedades incautadas entre 1936 y 1974.

Turquía había promulgado una normativa controvertida en 1936 que prohibía la donación de bienes inmuebles a las iglesias y templos de las comunidades no musulmanas, allanando el camino para la incautación de las propiedades de esas comunidades. En 1974, una sentencia de la Corte Suprema de Apelaciones había permitido al Estado apoderarse de las propiedades de las minorías adquiridos después de 1936. Las propiedades fueron devueltas en su mayoría a su propietario original y en ausencia de los propietarios, fueron tomadas por el Tesoro y cambiaron de manos entre los individuos.

Los cambios son significativos, especialmente para la comunidad armenia, que luchó por el retorno de un orfanato y una escuela histórica en Estambul.

Las Minorías no musulmanas en Turquía fueron tratadas siempre como ciudadanos de segunda clase en el siglo 20. El impuesto sobre el patrimonio controversial que se impuso en 1942, dirigido a los ricos no musulmanes, el pogromo de 1955 y la deportación de ciudadanos turcos no musulmanes en 1964, es una consecuencia natural y pólitica del silencio de las potencias mundiales ante el genocidio armenio de 1915.