El Parlamento turco aprobó una ley el jueves que refuerza los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pedida desde hace mucho tie...
El Parlamento turco aprobó una ley el jueves que refuerza los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pedida desde hace mucho tiempo por la Unión Europea en el marco del proceso de adhesión de Turquía al bloque europeo.
Este texto encomienda la gestión de los migrantes, que hasta ahora era responsabilidad de la policía y con un control legal criticado por asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Se establece el derecho de todo extranjero que se le haya enviado una notificación de desalojo, a presentar una apelación dentro de los 15 días ante un tribunal y tener un abogado designado.La ley también limita a seis meses el período de detención de los extranjeros en fase de expulsión en los "centros de guarda" y afirma que la inversión en dichos centros deberán estar motivados por una situación de necesidad y estar supervisados cada mes por las autoridades.
Afirma que los detenidos tienen derecho a atención médica gratuita, a poder hablar con un abogado, un representante consulado o de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Este texto también exime de los costosos procedimientos de renovación de residencias, indicando que la posesión de un permiso de trabajo es suficiente para autorizar su residencia en Turquía.
La nueva legislación no tiene en mano todavía la condición de refugiados y Turquía aún se resiste la tratar el tema, debido a la afluencia masiva de refugiados desde Irak y Siria.Asimismo, establece la condición de "refugiado condicional", lo que permite a no europeos a quedarse en Turquía hasta que llegan al país de acogida, que se aplica en particular a unos 200.000 refugiados sirios actualmente en suelo turco.
Se establece el derecho de todo extranjero que se le haya enviado una notificación de desalojo, a presentar una apelación dentro de los 15 días ante un tribunal y tener un abogado designado.La ley también limita a seis meses el período de detención de los extranjeros en fase de expulsión en los "centros de guarda" y afirma que la inversión en dichos centros deberán estar motivados por una situación de necesidad y estar supervisados cada mes por las autoridades.
Afirma que los detenidos tienen derecho a atención médica gratuita, a poder hablar con un abogado, un representante consulado o de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Este texto también exime de los costosos procedimientos de renovación de residencias, indicando que la posesión de un permiso de trabajo es suficiente para autorizar su residencia en Turquía.
La nueva legislación no tiene en mano todavía la condición de refugiados y Turquía aún se resiste la tratar el tema, debido a la afluencia masiva de refugiados desde Irak y Siria.Asimismo, establece la condición de "refugiado condicional", lo que permite a no europeos a quedarse en Turquía hasta que llegan al país de acogida, que se aplica en particular a unos 200.000 refugiados sirios actualmente en suelo turco.
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