Ante un nuevo aniversario del genocidio armenio, surgen cuestiones que merecen por lo menos pensarse desde el prisma de una realidad argenti...
Ante un nuevo aniversario del genocidio armenio, surgen cuestiones que merecen por lo menos pensarse desde el prisma de una realidad argentina que en los últimos años nos mostró que aun lo que se presupone imposible resulta factible. La derogación de leyes de impunidad, el avance de los juicios por la verdad y una enérgica política de derechos humanos dieron el marco propicio para que la comunidad armenia en nuestro país pudiese imaginar que sus viejos anhelos políticos de reconocimiento del genocidio del que fuera víctima podían encontrar las respuestas favorables que pondrían un manto de justicia ante tantos años de impunidad. La construcción de la memoria colectiva tras la última dictadura militar en la Argentina, basada en la búsqueda incesante de verdad y justicia, fueron el apoyo imprescindible para los logros obtenidos. Ese pasado del pueblo armenio y este presente argentino se entremezclan con un componente que emerge por encima de todo: la lucha por la dignidad y la justicia.
El pueblo argentino, de compromiso sostenido y contundente, recibió a los armenios como exiliados y refugiados que llegaron tras sufrir el genocidio. Es el mismo compromiso que amplios sectores de la dirigencia política supieron manifestar en importantes declaraciones y resoluciones en el Parlamento nacional, acompañando los reclamos de una comunidad que se integraba y forjaba su identidad como parte de un mosaico cultural de un país enriquecido por su diversidad.
En ese camino, y alentados por el respaldo unánime de ambas cámaras del Congreso Nacional, se sancionó la ley 24.559 que reconocía la existencia del genocidio armenio. Sin embargo, permeable a las presiones políticas y priorizando intereses ajeno a la defensa de los derechos humanos, el entonces presidente Carlos Menem vetó la ley. Diferente había sido la posición del ex presidente Raúl Alfonsín, quien desoyó recomendaciones diplomáticas y reconoció, en un acto en 1987 y ante la comunidad armenia, la existencia del genocidio.
El devenir de un país que a partir de 2003 cambiaría su escala de valores y su proyecto de construcción social le daría una dimensión universal a la lucha por la verdad y la justicia. La condena de cualquier genocidio y el respeto por los derechos humanos impulsó al Consejo Nacional Armenio a promover el viejo anhelo de la sanción de la ley, que tomó cuerpo a partir de una realidad que se construía bajo la convicción de realizar políticamente todo lo necesario cuando de violación de los derechos humanos se trataba. Ese modelo de país que lideraba el presidente Néstor Kirchner era la garantía de los logros que vendrían. Su fortaleza y coherencia residía en sostener que una nación no puede crecer y consolidarse sobre los cimientos de la negación, el olvido y la impunidad. Así, en enero de 2007, luego de ser aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, el presidente Kirchner, con profunda generosidad política, promulgó la ley 26.199 que declara el “24 de Abril, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos” en homenaje a las víctimas del genocidio armenio.
En este contexto es que resultó posible que la Justicia argentina, a través del juez federal Norberto Oyarbide, emitiese hace pocos días un fallo histórico ante la demanda iniciada por el escribano Gregorio Hairabedian y copatrocinado por las instituciones de la comunidad armenia, donde declara con entidad de sentencia definitiva que “el Estado Turco ha cometido delito de Genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el período comprendido entre los años 1915-1923”. Oyarbide, en los fundamentos de la sentencia, trae a colación las expresas mandas emergentes de la ley 26.199.
Se avecinan nuevos desafíos para los argentinos, tanto para aquellos que pertenecemos a la comunidad armenia en el país como para toda la sociedad, que es el reto de continuar promoviendo siempre la defensa irrestricta de los derechos humanos, la construcción de una sociedad inclusiva que valoriza la diversidad y lucha contra cualquier forma de discriminación. Rescatar la memoria y exigir justicia debe ser la forma de evocar el genocidio armenio que trasciende a su propio colectivo, y resulta ser una estampa dolorosa para cualquier sociedad que jamás debería repetirse. La ley 26.199 y el reciente fallo de la Justicia argentina dan testimonio de ello.
Pedro Mouratian es Coordinador de Políticas contra la Discriminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Articulo publicado en el diario argentino Página 12.
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